Cada año que pasa, las poblaciones que residen en las ciudades se enfrentan a mayores amenazas. Algunas de ellas son más visibles, como es el caso de las urbanizaciones enteras, sin acceso a agua y desagüe, que tuvieron que enfrentar la pandemia de la COVID-19 dentro de viviendas muy precarias y en hacinamiento. No obstante, otras amenazas son menos visibles, como el incremento del estrés y la ansiedad ocasionado por problemas económicos, de trabajo y estudios. De acuerdo con el Minsa, solo en Lima y Callao el 30 % de la población presenta un nivel alto de tensión, la cual también se produce por la contaminación ambiental y los ruidos excesivos en las calles. A esto, se suman los efectos del cambio climático que aceleran los desastres naturales, como los huaicos y deslizamientos. Asimismo, la Sunass ya anunció, hace unas semanas, que Lima se vería afectado por el estrés hídrico causado por el Niño Global.
El Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (ONU-Hábitat), cuyo mandato es la promoción de pueblos y ciudades sostenibles, tiene, como una de sus políticas priorizadas, la reducción de la desigualdad y la pobreza espacial en comunidades urbanas, para lo cual trabaja en i) el acceso igualitario de servicios básicos, movilidad sostenible y espacios públicos; ii) el incremento de acceso a propiedad segura y vivienda asequible; y iii) el crecimiento y regeneración efectiva de las ciudades. Una las principales estrategias utilizadas a nivel mundial y en Latam para la reducción de brechas en servicios básicos y vivienda es la participación activa de las comunidades a través del mapping. En esta estrategia innovadora, los mismos ciudadanos, usando tecnología GPS, ubican dónde están los servicios actuales y dónde les gustaría que se encuentren los nuevos servicios básicos comunitarios, e incluso se delimita el territorio de la comunidad, que, como sabemos, suele ser un dolor de cabeza para la gestión local de turno que no cuente con un plan de desarrollo territorial, como es el caso de nuestras ciudades.
Cuando estuve en Uganda, hace unos años, tuve la oportunidad de probar esta herramienta poderosa que es el mapping y, junto con los residentes de una comunidad en Jinja, identificamos con el GPS, mientras caminábamos por su territorio, dónde se encuentran los baños comunitarios, dónde se suele arrojar la basura y cuáles eran los límites del asentamiento humano. Esta información, que levantó la misma comunidad en un lapso de varias semanas asesorados y acompañados por dos organizaciones sociales (National Slum Dwellers Federation of Uganda y Act Together), fue compartida con el Gobierno local para solicitar la construcción de nuevos baños con las características que satisfacían sus necesidades. De esta manera, las personas, al contar con información, uno de los recursos más importantes hoy en día, incrementaron su poder de negociación y fueron reconocidos como ciudadanos para ser parte de procesos de participación ciudadana, dejando de ser invisibles o de segunda clase.
Aunque estas experiencias se vienen registrando desde hace años en varios países, surgen dos cuestionamientos que se podrían comentar. Por un lado, está el hecho de que las comunidades vulnerables dedican muchas horas de trabajo a una labor que podría ser entregada por su Estado. ¿Qué tan justo es esto? Sabemos que, en nuestra ciudad, los asentamientos humanos se encuentran en las periferias de Lima y que solo transportarse les toma alrededor de doce horas a la semana. Sumado a ello, deben dedicar los fines de semana a su propia gestión comunitaria. ¿En qué momento descansan y pasan tiempo con su familia o amigos? Ante esto, es clave contar con organizaciones sociales especializadas que acompañen todos estos procesos y den soporte técnico y económico. Por ejemplo, en Uganda, la ONG Act Together buscó financiamiento para la compra de GPS y trajo especialistas en temas de cartografía.
Por otro lado, se podrían preguntar: si ya existe la información de los censos nacionales, ¿por qué no se usa? Uno de los grandes beneficios de esta experiencia es que, cuando la misma comunidad recoge la información, esto le permite crear vínculos y la información puede ser más específica, pues se levantan los datos sobre las necesidades actuales de la población, inclusive se pueden eliminar los sesgos del investigador sobre lo que él o ella quiere investigar, pero, tal vez, no es pertinente para la comunidad. Se menciona que los Gobiernos nacionales no cuentan con información del 60 % de la población en condiciones de pobreza y que solo mantienen registros de las personas que viven en viviendas formales, por lo que el uso de nuevas formas para recoger datos por los mismos usuarios puede ayudar a la reducción de las brechas de desigualdad y pobreza.
De acuerdo con la escalera del ciudadano, desarrollada por Arnstein (1969), esta experiencia centrada en el usuario coloca a los ciudadanos y Gobiernos locales en el nivel de asociatividad, debido a que ambas partes comparten la planificación y toma de decisiones para el desarrollo local. Los ciudadanos brindan información sobre las necesidades de los asentamientos humanos y la municipalidad acepta los proyectos codiseñados incorporándolos en el planeamiento urbano. Así, como señala Maimunah Mohd, actual directora de ONU-Hábitat, la gobernanza multinivel que contempla la acción local ciudadana de la mano de los gobiernos subnacionales y ONG tiene un papel clave para que las ciudades sean más seguras, inclusivas, verdes y resilientes para el futuro.
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MSc. Hellen López. Magíster en Ciencias - Desarrollo Internacional: Pobreza y desigualdad por la Universidad de Manchester, Gran Bretaña.
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*Las opiniones expresadas en esta Columna de Gestión son de exclusiva responsabilidad de la autora.